El lobby nuclear en Sudamérica

Por Sara Larraín*

La merma que causa el lobby empresarial en nuestra democracia, adecuadamente denunciada y tipificada en días recientes por El Mostrador, también es visible sobre la política energética. Después de 5 años de estas presiones de pasillo, los resultados para el negocio nuclear son, materialmente hablando, lamentables: sólo se desarrollan proyectos estatales en países asiáticos como China, caracterizados por escasa participación ciudadana y nula transparencia en los costos. No hay nuevos contratos en Europa (con excepción de Olkiluoto, en Finlandia) ni Estados Unidos, a pesar de los millonarios subsidios ofrecidos por el ex Presidente George W. Bush.
Aun así, la industria nuclear ha relanzado, con millonarias campañas promocionales, el mismo discurso de la década de 1960 (nos dicen que la nuclear ‘es una fuente inagotable y segura'), a lo que agregan hoy que sería una "solución frente al cambio climático, porque no emite dióxido de carbono (CO2)".
Sin embargo, el lector crítico (aquel que entiende que informarse amerita esfuerzo) puede ver las páginas web de la Agencia Internacional de Energía, del Energy Watch Group del Parlamento alemán y del Oxford Research Group de Inglaterra, donde leerá las investigaciones que demuestran que la energía nuclear produce entre 64 y 122 gramos de CO2 por kilovatio/hora generado, si se considera el ciclo de combustible nuclear completo: extracción del uranio, enriquecimiento, transporte, construcción y desmantelamiento de la central nuclear; y procesamiento de residuos radioactivos. Las emisiones pueden superar a las de una central a gas si el combustible se fabrica con uranio de baja ley.
En cuanto al costo, la opción nuclear supera actualmente a todas las demás opciones de producción eléctrica y demanda enormes subsidios estatales. Por ello su desarrollo se estancó en la década de 1980. Su combustible, el uranio, además de no ser renovable, también ha aumentado su valor en los recientes años, llegando a 113 dólares la libra en 2007. Desde entonces, al igual que el petróleo, registra notables fluctuaciones debido a la sostenida baja en la producción mundial. Además, la Agencia Internacional de Energía identifica reservas probadas de uranio para 85 años más, siempre que no se expanda el parque nuclear existente a nivel mundial. Este hecho también cuestiona el futuro de la energía nuclear.
A pesar de que evidencias técnicas refutan la vigencia de esta tecnología, en América Latina, varios gobiernos han declarado su apertura al desarrollo nuclear: el de Brasil aduce interés por el "liderazgo en investigación científica", a pesar de que sus instalaciones permanecen en deficiente estado de manutención, según la misma autoridad nuclear. Argentina no quiere ser menos y agrega razones geopolíticas, pero en los hechos paralizó hace 20 años la construcción de Atucha II, aún en obra gruesa. El gobierno de Alan García, a su vez, apela al excepcional crecimiento macroeconómico de Perú para avalar un posible desarrollo nuclear y la explotación de sus yacimientos de uranio. En Uruguay; el Presidente Tabaré Vásquez aprovecha un respaldo en las encuestas e intenta, con el mismo chauvinismo con que defendió la papelera de Botnia contra el rechazo de los argentinos, desechar las críticas de expertos y ciudadanos que denuncian el absurdo.
En nuestro país, en tanto, personeros de los partidos políticos del gobierno de la Presidenta Bachelet -que en Dictadura se exilaron en Francia o Rusia, sedes importantes de la industria nuclear- forzaron a la mandataria a ignorar un compromiso con los ciudadanos, contrario a la opción nuclear.
Nuestro deber de ciudadanos es exigir al sector político y a los gobiernos que la política energética refleje los consensos y prioridades, hoy evidentes y probadas a nivel nacional, regional e internacional: la eficiencia energética y las Energías Renovables No Convencionales deben sustentar mayoritariamente la matriz eléctrica del continente, para garantizar sustentabilidad ambiental y democrática. La energía nuclear, las termoeléctricas a carbón y petróleo, y las mega-represas hidroeléctricas obligan el pago de subsidios de facto por parte de la salud de la población; el perjuicio de otras actividades económicas como la agricultura y el turismo; y la degradación de la convivencia social y el patrimonio natural.

*Sara Larraín es Directora del Programa Chile Sustentable.
Diario El Mostrador, 06 mayo.2009